El demandante presentó una acción de PAGA por las violaciones del período de comida y descanso y buscó el descubrimiento de información de contacto para el caso de no- empleados exentos. El tribunal de primera instancia concedió a la demanda del demandante para obligar en parte, ordenando que Marshalls produjera la información de contacto para los empleados solamente en su almacén de Costa Mesa, y negando la petición del demandante para el descubrimiento estatal, pero permitiendo al demandante renovar su movimiento para obligar la información restante después él había sido depuesto «durante por lo menos seis horas productivas», en cuyo momento Marshalls podría intentar demostrar demandas substantivas del demandante no tenía ningún mérito de hecho. El Tribunal de Apelación afirmó, sosteniendo como sigue:
La demanda del demandante alegó solamente que él y quizás otros en la tienda de Costa Mesa sufrieron violaciones del Código de Trabajo. El Demandante no mostró ningún conocimiento de las prácticas de Marshalls en otras tiendas. «Siendo así, era eminentemente razonable que el juez de primera instancia procediera con el descubrimiento de manera incremental …»
El costo del descubrimiento a nivel estatal también justificaba el descubrimiento incremental.
Nada en PAGA le da a un demandante representativo el mismo derecho al descubrimiento que el Comisionado del Trabajo tendría en una acción coercitiva.
Los intereses constitucionales de privacidad de los empleados sobrepasaron la necesidad del demandante de descubrir sus identidades en este momento.
La primera tarea del [demandante] será establecer que él mismo fue sometido a violaciones del Código de Trabajo. Como aún no se ha sentado para la deposición, esta tarea sigue sin cumplirse. El tribunal de primera instancia podría razonablemente concluir que la segunda tarea será establecer prácticas de empleo de Marshall son uniformes en toda la empresa, lo que podría lograrse por referencia a un manual de políticas o tal vez la deposición de un oficial corporativo. El tribunal de primera instancia podría razonablemente concluir que sólo entonces el demandante será capaz de exponer hechos que justifican el descubrimiento estatal.
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